El clan de las Bosnias es un grupo de cinco mujeres carteristas que se dedican a robar masivamente en las estaciones del Metro. Digo masivamente, porque están acreditados por lo menos 330 antecedentes de hurtos en el suburbano madrileño, aunque son muchos más.

Sus sistemas son el tapón (provocar una pequeña aglomeración) y la muletilla (taparse con un periódico o una prenda para sustraer objetos). Consideradas las carteristas más activas, llevan 10 años ‘trabajando’ en las estaciones más frecuentadas por turistas, a donde llegaban bien vestidas para parecer ellas mismas turistas.

Identificadas repetidamente por las cámaras de video vigilancia y detenidas por la policía, el 21 de febrero, el juzgado de Instrucción número 48 dictó, como medida cautelar hasta la celebración del juicio, y para que no sigan robando, una orden de alejamiento por la cual no podían acercarse a ninguna estación del Metro y del Metro Sur.

Si la policía las encontrara allí o en sus inmediaciones, podía haberlas arrestado por quebrantamiento de orden, ya que hasta ahora, a pesar de que se sabía a lo que se dedican, solo se las podía “espantar”, según los agentes.

Raifa I. de 30 años, Zahida I. de 36, Valeria I., Maya I. y Hansia A. están acusadas de formar un grupo criminal organizado y jerarquizado, y, si son condenadas, las penas van de tres a seis años para el cabecilla y de dos a cinco años para las integrantes.

El abogado recurrió el alejamiento, calificándola de desproporcionado y sin fundamento, y argumentando que carece de cobertura legal y que no “consta a qué víctimas se protege con la medida”. El fiscal impugnó el recurso diciendo que existe “un riesgo claro” de que sigan robando.

A pesar de ello, la Audiencia Provincial ha revocado la resolución del juzgado y dejado sin efecto las medidas cautelares, diciendo que la prohibición de la entrada al Metro es “un tratamiento indiscriminado y no justificado”.

Los magistrados Juan José López Ortega, Mario Pestana Pérez y José Joaquín Hervás Ortiz consideran muy discutible que se pueda aplicar el artículo 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevé medidas cautelares para proteger a las víctimas de determinados delitos, pero no de faltas, como es el caso.

Dicen también que no “consta” la identidad de las víctimas cuya protección se persigue, y que no ven qué añade la medida cautelar, “en términos de eficacia y de cara a proteger a eventuales víctimas futuras”, a los sistemas de vigilancia y control que ya existen en el Metro.

El clan de las Bosnias puede volver, pues, al Metro. Lo que no se sabe es si coincidirán allí con alguno de los magistrados.

Admito que no pocas veces ese mensaje me ha parecido forzado, casi como un intento de auto engañarse para no ver la realidad. Porque, se quiera o no, una hecatombe, un desastre, un gran desaguisado… no dejan de ser tales, por mucho que se intente aplicar el voluntarista principio de tratar de convertirlo en oportunidad.

España atraviesa una profunda crisis, sin duda. Sobre todo económica. Aunque no sólo, porque al mismo tiempo se tambalean altas instancias e instituciones que hasta ahora ofrecían aparentes garantías de estabilidad.

Así que, en aplicación de la consigna de las escuelas de negocios, cabría preguntarse si esta crisis tan tremenda es una oportunidad. Reconozco que argumentarlo a quienes se encuentra sumidos en los más profundo de la sima podría parecer una broma de mal gusto, cuando no una ofensa.

No obstante, no descarto que, de todo lo que estamos padeciendo, puedan salir algunas consecuencias positivas para el futuro.

Si de la crisis aprendemos a aplicar un rigor extremo en los gastos, de todo tipo, también públicos por supuesto, a lo mejor sacamos algo bueno.

Si, como consecuencia de las actuales apreturas y de las medidas que se adoptan, se adelgaza la estructura del Estado, quizá encontremos ahí algo aprovechable para el futuro.

Si, a la vista de lo que ha sucedido en determinadas entidades económicas, se exigen de verdad responsabilidades a los gestores, también penales por supuesto, posiblemente evitaremos algunas de las catástrofes que hemos visto.

Si los ciudadanos concluimos una mayor determinación a la hora de exigir a los políticos, no perdonándoles su incuria y su incapacidad, y castigando a quien se lo merezca con el azote más amargo para ellos, que es no votarles, a lo mejor esos políticos rectifican.

Y quizá se decidan a escuchar a los ciudadanos, en lugar de vivir en fanales y en cotos exclusivos alejados de la gente.

Viendo en que están parando algunos corruptos y mangantes, hoy enfrentados a los tribunales y con expectativas de acabar incluso en la cárcel, tal vez haya quienes eviten conductas semejantes, ya que no por principios éticos, sí al menos por temor, al constatar que en este país los que montan chanchullos pueden acabar ante los jueces.

No sé si estoy pecando de ingenuo, pero quizá sí, quizá de la crisis podremos sacar algo positivo. De todas formas, me resisto a calificarla de oportunidad.

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Hemos vuelto a un viejo atavismo, que tendríamos que haber superado, que es estar pendientes de lo que dicen de nosotros, de nuestras cosas, de España, en “la prensa internacional”.

Y casi cada día nos flagelamos recogiendo y magnificando la opinión de un articulista más o menos desconocido, destacando un titular malintencionado, una descalificación gratuita, un juicio condenatorio de todo lo español, unas fotografías demagógicas y falsas…

Durante el final del franquismo, cuando en España no existía libertad de información, era costumbre recurrir a medios informativos extranjeros para intentar conocer algo de lo que la censura impedía que se contara aquí. Y aquello tenía cierto sentido.

Ahora, sin embargo, tal comportamientos carece de razón, porque aquí existe completa libertad de información y de opinión. Y, por tanto, para saber qué ocurre, qué se piensa en España, bastan y sobran el conjunto de medios nuestros: periódicos, radios, televisiones, agencias… y ahora los digitales y los confidenciales en Internet.

Hay que decir que cualquiera de esos medios dispone de mejor y más directa y fiable información que cualquiera de las supuestas grandes cabeceras internacionales citadas al principio.

Con un añadido. En más de una y más de dos ocasiones esos artículos críticos con España y los españoles, aparentemente demoledores, esconden intenciones ‘non sanctas’ que diría, creo, un latino. A veces, detrás hay intereses espurios de países, de gobiernos, de inversores, de empresas, de grupos de presión… No seamos ingenuos.

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Sin ir muy lejos, este fin de semana asistíamos a la difusión de sendas encuestas, en dos de los principales diarios nacionales, con resultados tan diversos que abonarían la desconfianza, cuando no la sospecha. En resumen, uno de ellos afirmaba que el Partido Popular saca una ventaja de diez puntos al PSOE en intención de voto, mientras que el periódico rival anunciaba que esa ventaja es de dos puntos.

No parece un simple asunto de matices, porque la distancia entre diez y dos puntos es muy relevante, creo yo. Lo cual debería llevar a la conclusión de que al menos uno de esos sondeos no refleja la realidad. O sea que uno de ellos no es nada creíble.

La perplejidad ante esos trabajos demoscópicos aumenta si se analiza la encuesta que dio a conocer el lunes otro de esos periódicos, ésta sobre la valoración de la monarquía.

Concretamente dos de los resultados resultan aparentemente incompatibles. Por un lado, concluía que un 55% de los ciudadanos desean que don Juan Carlos abdique en su hijo el príncipe. Y al mismo tiempo, según la encuesta, el 82,5% opina que el rey debe intentar recuperar el prestigio perdido por la monarquía (aunque un 55% frente a un 31 cree que no será capaz de hacerlo). Además, un 72% dice que debería impulsar un pacto anticrisis y la reforma constitucional. Ambas cosas son incompatibles: si abdica, no se le puede demandar que se dedique a recuperar ni a impulsar nada.

Dice también el sondeo que para un 46% la gestión de don Juan Carlos ha sido buena o muy buena. Asimismo, un 89% cree que, en el caso de la no imputación de la infanta Cristina, no se está cumpliendo el principio de que la Justicia es igual para todos. Ganas darían de preguntar cuántos españoles se han leído, aunque sea por encima, el auto del juez Castro, el recurso del fiscal y la sentencia de la Audiencia de Palma, para tener una opinión fundada.

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Su fuerza comunicativa arrolladora, la capacidad de entrar en todos los asuntos de cualquier tipo y calado, la absoluta independencia para decir lo que pensaba, la libertad que siempre dejaba a quienes intervenían en el programa… todo aquello, escuchado cada mañana, constituía una apasionada explosión de aire libre, de información, y una auténtica descarga de adrenalina radiofónica que nunca más se ha repetido.

Por eso digo que hoy, quince años después, cada mañana le echo en falta.

Noto la ausencia cuando rememoro que nada ni nadie le frenaba, si se trataba de contar lo que estaba pasando en este país, le gustara a quien le gustara, molestara con ello a quien molestara. ¡Y vaya si molestaba!

Por eso, y en ese sentido, Antonio Herrero resultaba un periodista peligroso: porque era incontrolable. No había forma de condicionarle. Ni desde arriba ni desde abajo.

Y precisamente por ello, no pocos poderosos, de todos los ámbitos y tendencias, respiraron aliviados el día en que perdió la vida en aguas de Marbella, cuando practicaba pesca submarina. Como suena.

Arrancaba el día a las seis de la mañana, tenía en la mano un guión del programa, pero todo aquella saltaba por los aires instantáneamente si, de pronto, surgía una noticia imprevista y relevante. Se subía al caballo de la actualidad y no desmontaba hasta que lo había contado todo, a fondo y, por supuesto, de forma apasionada.

Le echo de menos hoy, en este momento de la marcha del país, en estas circunstancias precisas de sufrimiento social, de paro y desahucios, de corrupción, de cobardía política, de nacionalismos descarados, de mentiras, de información condicionada y paños calientes, de titiriteros y de magnates que se lo han llevado crudo…

Algún ignorante, por no ir más allá en el calificativo, ha querido ha hablado de Antonio Herrero llamándole periodista ‘de derechas’, y sin que falte el desalmado que hasta se atreve con el recurrente término de ‘facha’. No le conocieron, o mienten como bellacos. Era un comunicador libre, sin otra atadura que contar lo que pasaba, para, a continuación, cuando llegaba el momento del comentario, dejar hablar sin cortapisa a todos aquellos que citaba ante el micrófono.

A estos últimos les recuerdo algunos nombres de colaboradores habituales de sus programas, que se movieron con total libertad: Santiago Carrillo, Paca Sauquillo, Ernest Lluch, Nicolás Redondo, Justo Fernández… y tantos otros.

Le echo de menos cada mañana. Hoy mismo.

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Pakistán es, con 86 millones de habitantes, la segunda nación islámica del mundo, y en toda su historia ni una sola legislatura ha podido terminar, debido a sucesivos golpes militares.

Ocupa el puesto 108 (delante de Egipto y seis casillas por delante de Irak) en la clasificación de los países por su calidad democrática que realiza The Economist. Se le considera un régimen híbrido, que combina características de las democracias con otras de las dictaduras. En esa categoría figuran otros países de mayoría musulmana como Turquía (puesto 88), Líbano (99), Palestina (103) y Marruecos (115). Han salido ya de la categoría de los regímenes autoritarios, pero no alcanza todavía la segunda división de las democracias imperfectas, donde aparecen los también islámicos Indonesia (53) y Malasia (64).

El problema de Pakistán resulta relevante porque es la única potencia nuclear islámica, y porque ha sido residencia principal de Al Qaeda, al menos hasta la muerte de Bin Laden. Su vieja enemistad con India, también nuclear, es otro dato inquietante. La estabilidad paquistaní interesa como campo de prueba sobre el futuro de la democracia en los países musulmanes, justo cuando se extiende la decepción tras las primaveras árabes de 2011.

Lluis Bassets aborda a continuación la realidad del islamismo en el mundo. Uno de cada cuatro habitantes del planeta es musulmán, pero en 40 años será uno de cada tres. A la vista de la evolución demográfica, “más nos valdría que islam y democracia fueran encajando, aunque sea lentamente, porque en caso contrario, como no cesan de predicar las casandras del choque de civilizaciones, las cosas se pondrán feas cuando lleguemos al cénit del siglo XXI”.

Explica que el prestigioso Pew Center ha realizado un amplio estudio sobre los musulmanes en el mundo, con entrevistas a 38.000 personas en 39 países, todos con más de 10 millones de población musulmana. Y el retrato robot del devoto musulmán del siglo XXI combina un amplio apoyo a la democracia y a la modernidad tecnológica con su adhesión a la sharía o ley islámica, incluyendo la sumisión de la mujer y los castigos corporales.

Los datos sobre los paquistaníes son especialmente relevantes, porque allí aparecen los creyentes más devotos y dogmáticos. Para un 81% la sharía es la palabra revelada de Dios (la cifra más elevada de los 39 países consultados) y para un 84% debe ser la ley oficial del país. No obstante, son mayoría quienes piensan que no debe aplicarse a los no musulmanes (64%), y todavía más amplia (96%) la de quienes apoyan que los no musulmanes puedan practicar libremente su religión.

Son los más partidarios de aplicar castigos corporales, como la flagelación o la amputación (88%), lo mismo que de la lapidación por adulterio (89%). Y son algo más moderados a la hora de aplicar la pena de muerte a quienes apostaten del islam: un 76% a favor (diez puntos menos que en Egipto).

Pakistán se halla en la franja alta de los países donde hay mayor preocupación por el extremismo islámico: un 14% justifica los atentados suicidas, proporción relativamente baja en comparación con países de la misma área como Bangladesh (26%) y Afganistán (39%), con Egipto (29%) y sobre todo Palestina (40%), el más elevado.

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El fallo mantenía, no obstante, la definición de Cataluña como nación, uno de los puntos más conflictivos, si bien advirtiendo de su falta de eficacia jurídica interpretativa porque aparecía en el preámbulo y no en el texto normativo.

En los tiempos en que se produjo la sentencia, desde algunos ámbitos políticos se acusaba al alto tribunal de veleidades autonomistas, de inclinarse más habitualmente por la línea descentralizadora y aun disgregadora de España, como resultado y consecuencia de las posiciones de algunos de sus magistrados.

Ayer, el pleno del Tribunal Constitucional admitió a trámite la impugnación del Gobierno contra la declaración soberanista del Parlamento catalán aprobada en enero, lo que, de entrada, causa la suspensión. La decisión definitiva sobre la constitucionalidad se tomará más adelante.

La propuesta suspendida habla del pueblo catalán como “sujeto político y jurídico soberano”, lo que fue calificado por la Abogacía del Estado en su recurso como “desafío abierto contra la Constitución”, argumentando que “sólo una decisión de la soberanía del pueblo español podría reconocer de manera constitucionalmente válida la soberanía del pueblo de Cataluña”.

La admisión de la impugnación ahora, y por tanto la suspensión automática de la declaración del Parlament, podría interpretarse como el anuncio de un cambio de tendencia en el Tribunal Constitucional, rectificando la supuesta deriva autonomista-nacionalista del pasado. Ya se verá.

Pero lo que sí va a ocurrir es que el fallo definitivo va a corresponder a ‘otro’ Tribunal Constitucional: el que saldrá de las renovaciones de magistrados ya producidas más las que están pendientes a corto plazo.

Y hay que esperar, incluso desear, que ese nuevo TC resulte algo más confiable que el que hemos tenido (sufrido) estos últimos años.

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Otros han hablado de las famosas ‘alternativas del diablo’, es decir, aquellas situaciones en las que toda salida es peligrosa sin remedio. Con lo que la perplejidad sobre cómo resolverlas se convierte en angustiosa.

La cuestión de la imputación de la infanta Cristina sometida a la Audiencia de Palma de Mallorca presentaba un poco de todo eso para La Zarzuela. De antemano se conocía que las dos posibilidades ofrecían riesgos graves. No había salida.

Si los magistrados decidían imputar, el horizonte penal de la hija del rey se convertía en pavoroso, con el paseíllo hacia los juzgados, la declaración ante el juez Castro e incluso la previsión de verla sentada en el banquillo. Muy mal asunto para la imagen y el futuro de la monarquía.

Pero, si la Audiencia fallaba que no existía fundamento y dejaba libre del todo a la infanta, inmediatamente, inmediatamente iban a surgir voces que acusarían de chanchullo, de presiones de La Zarzuela sobre los jueces, de trato discriminatorio por parte de la Justicia…

Esto último es lo que ha ocurrido. Una vez más se ha puesto en práctica el atavismo de que, si los jueces toman decisiones en la línea de lo que uno piensa o desea, entonces se les ensalza y elogia; y, si se pronuncian al contrario, se les descalifica y pone bajo sospecha. Parecería lógico pensar que la confianza en la justicia debería mantenerse coincidan o no sus veredictos con nuestra posición particular.

Tengo que decir que, siendo problemáticas las dos alternativas, la no imputación de la infanta Cristina ha quitado un gran peso de encima a la Casa Real. Imaginar a la hija del rey testificando como imputada, y en su caso siendo acusada, resultaba especialmente duro y dañino para el porvenir de la institución. Más que las consecuencias del clima de sospecha que no pocos están sembrando.

Porque, ateniéndonos a lo jurídico, lo que ha ocurrido es que se ha escuchado el veredicto de una sección de la Audiencia Provincial de Palma, por mayoría de dos magistrados sobre uno. Y a partir de un demoledor recurso del fiscal que desmontó uno por uno los catorce indicios recogidos por el juez Castro y que el propio instructor reconoció que ninguno de ellos justificaba la imputación. Si alguien tiene alguna sospecha sobre lo ocurrido, debería acreditarla. Y si no…

Aunque el auto de la audiencia no cierra del todo el horizonte judicial de la infanta, porque puede quedar algún resquicio, lo cierto es que el caso Nóos ha perdido mucho de su dramatismo. Sobre todo para La Zarzuela, donde ayer se escuchó un suspiro de alivio.

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La carta remitida a Pere Navarro, abiertamente contraria a la presencia del PSC en la ‘cumbre’ convocada por Artur Mas en la que se ha hablado del ‘derecho a decidir’, va a marcar un antes y después.

Para empezar, el arranque de Chacón ha dejado en evidencia a Alfredo Pérez Rubalcaba y su patente tibieza a la hora de afrontar los sonoros desplantes que vienen protagonizando los socios catalanes.

En segundo lugar, la ex ministra de Defensa ha demostrado que tiene voz propia, y además firme y rotunda. La frase “los socialistas hemos de estar enfrente de Artur Mas” clarifica absolutamente sus planteamientos. Lo cual, a su vez, le posiciona un poco mejor dentro del PSOE de cara a cualquier futuro.

Chacón se ha alzado como la voz del socialismo catalán básico, ajeno a cualquier veleidad separatista, al proclamar: “Somos el partido de miles y miles de catalanes de toda procedencia que desean convivir en una Cataluña diversa dentro de una España plural”.

Aquellos que dentro del partido claman por meter en vereda, de una vez por todas, a las huestes de Pere Navarro han encontrado en ella un claro referente. Y, de cara al futuro, si un día Ferraz se atreviera a romper los lazos con el PSC, Carme Chacón podría ser la encargada de impulsar la reconstrucción de ese PSOE catalán que algunos vienen propugnando, a pesar del coste electoral que supondría a corto plazo pero que se saldaría sin demasiado año a medio plazo.

Carme Chacón se ha destapado, sin duda.

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Al margen de la dificultad de decidir en cada caso concreto qué es arte y qué no, y de que sobre eso habría mucho que discutir, me parece que el supuesto derecho de creación debe respetar también derechos colaterales básicos, algunos de los cuales ya he citado. Dicho rápidamente: no todo vale, aunque se trate de arte (más o menos supuesto arte).

Y algo semejante ocurre no pocas veces con el humor: que puede convertirse en coartada de abusos, algunos de ellos inadmisibles y que entrarían de lleno en el terreno del Código Penal, además del Código Civil.

Aquí también cabe aplicar el principio citado de que no vale todo, sólo porque se utilice la tapadera de calificarlo de humor. Basta recordar aquella lamentable portada, de una revista satírica con nombre de día de la semana, que dibujaba a los príncipes en actitud procaz.

Estos días se han registrado algunos otros abusos bajo esa capa del humor o la sátira. Otra revista ha presentado en portada una fotografía de la infanta Cristina con las palabras “hija de puta”, si bien al abrir las dos partes de la cobertura el “puta” forma parte de la palabra “imputada” y la primera y última sílaba desaparecen cuando se pliega. No me parece de recibo. Ni con la infanta ni con nadie.

A la vez, la revista con nombre de día de la semana se ha inventado una falsa entrevista al obispo de Alcalá de Henares, Reig Pla, en la que se pone en su boca la afirmación de que la Iglesia “recomienda practicar el sexo anal como medida de prevención del aborto”.

Como internet no tiene barreras, el titular ha dado la vuelta al mundo pero, claro, sin el matiz de que se trata de una revista satírica, lo que ha provocado no pequeño escándalo y las lógicas reacciones de otros eclesiásticos.

Así que, igual que no todo vale con la excusa de la información (los tribunales han fallado sobre eso repetidas veces y los periodistas lo acatamos), de igual manera no vale todo so capa del humor. Y, si es humor del malo, menos aún.

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